
Hablar de cualquier propuesta que trastoque la susceptibilidad de los mexicanos siempre dejará un saldo negativo al Estado frente al pueblo por el que se supone que trabaja. Remontándonos a la incomoda decisión de escoger entre lo “legítimo” y lo legal.
Algo así ha ocurrido desde hace meses, cuando surgió la discusión sobre la ley del ISSSTE y la posibilidad de reformarla en “detrimento” de una planta laboral potencial, es decir, los trabajadores que serán contratados en un futuro. La impopular decisión atiende a la incapacidad del Estado Mexicano para hacer frente a las responsabilidades que tiene con los burócratas jubilados, ley que de no modificarse, eventualmente llevaría a una quiebra del sistema de pensiones.
El nuevo régimen de jubilaciones es una necesidad, desagradable si se quiere, pero urgente a fin de cuentas puesto que sólo existen a saber dos formas de vivir sin trabajar: el ser mantenido por alguien más (digamos el gobierno) o ahorrar de lo ganado para vivir en la vejez (fondos retenidos al trabajador). Lo anterior puede vincularse a la actual realidad, donde por el caso que sea (malos manejos, canonjías sindicales o mera estupidez) ya no es posible para el Estado seguir como el único que aporta para la jubilación de sus trabajadores.
Para Artemio Ortiz, Secretario General Sección XVIII SNTE Michoacán entre otros actores políticos directamente implicados, la nueva ley representa en sus palabras “un saqueo del neoliberalismo y la modernización asfixiante donde el vivir más se ha convertido en un pecado” si, la “izquierda” hablando de pecados en lo que se antoja retórica pura. La realidad no es tal, pero el enardecido discurso permite desprender al menos dos supuestos: 1. El gran resentimiento que se tiene por parte de los grupos corporativos frente a una democracia insipiente que ya no distribuye prebendas como forma de control social y 2. El obvio desconocimiento de las reformas que fueron aprobadas.
Es cierto e injusto, que los privilegios concedidos por el viejo régimen o “logros sindicales” desaparezcan de pronto como resultado de las acciones de los gobiernos mediocres de los últimos 40 años. Pero igualmente injusto es seguir pagando por prerrogativas otorgadas sin mayor meditación por esos mismos gobiernos mediocres.
Se antoja difícil, es más casi imposible el encontrar una solución que satisfaga a todos y sin embargo debe buscarse porque es responsabilidad del Estado encargarse de la seguridad de sus trabajadores al igual que también es responsable de no dañar a los millones de personas que con nuestros impuestos hemos, mantenido los privilegios de la burocracia mexicana.
Imagen: Hernández / La Jornada Jueves 03 de Mayo del 2007.






